Recomiendo ver el fotorreportaje que hace Pepe Mateos. El color y la miseria en Haití no pudieron estar mejor retratados que en estas imágenes como la que encabeza este artículo. HAITÍ EN EL BRASERO
Jorge Luis Ortiz Delgado
El ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Bill Clinton ha sido designado por la ONU como el nuevo enviado de la organización para apoyar en Haití los esfuerzos por reunir inversiones privadas y estatales hacia el débil estado caribeño, el más pobre de la región, uno de los de mayor incidencia de corrupción[1]y, gracias a la proliferación de bandas delictivas que atestan sus calles (nacidas muchas de ellas bajo el calor de la protección estatal), uno de los más violentos del hemisferio occidental.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, ha dicho que esta designación está orientada a tener como prioridad la atención a las serias dificultades que arrastra en medio del caos político y económico, ya casi como destino fatal, la segunda República de América (la primera fue EE.UU). El sello de la desestabilización y ese lastre colonial muy afín a los gobiernos dictatoriales llamado autoritarismo han convertido a Haití en el rostro social de la turbulencia. Los constantes golpes de estado y la utilización de la violencia política en el país, desde su creación en 1804, han servido para que sus gobernantes crearan o modificaran más de una veintena de constituciones a su antojo y se sucedieran 50 jefes de estado, la mayoría de ellos, como era de esperarse, militares o apoyados por la armada haitiana.
En marzo de este año, Clinton y Ban Ki-moon habían visitado dicho país acompañados de una delegación de empresarios para estudiar posibles caminos de recuperación económica. Aunque, luego de esa visita, se difundió el optimismo del ex presidente y del secretario general sobre el futuro de Haití, existen expectativas menos alentadoras para pensar lo contrario. Para empezar, Clinton ya había dirigido su apoyo militar al país cuando en 1994 envió a Puerto Príncipe tropas estadounidenses que, junto a otras fuerzas militares enviadas por la comunidad internacional, permitieron el retorno del exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado al poco tiempo de haber sido elegido. Sin embargo, el panorama, quince años después, sigue siendo sombrío a pesar de que las repercusiones de su tragedia local no representen amenaza alguna –fuera de sus fronteras– para la paz y seguridad internacional.
Territorios de riesgo como Haití han debido tolerar varias intervenciones internacionales dentro del marco de las misiones de las Naciones Unidas. Bosnia, Ruanda y Kosovo son algunos de estos casos que junto a Haití representan la exigencia de la intervención cuando el esquema de poder existente reposa sobre la anarquía. El concepto de soberanía, etiqueta de la que trastornados nacionalistas se sujetan para justificar violaciones a la propiedad privada o restricciones a libertades como la de prensa, ha evolucionado para que en materia de intervenciones éstas no sólo se apliquen cuando se vulneran los derechos y las obligaciones de los Estados sino, también, cuando los individuos y la promoción de sus derechos fundamentales sean el epicentro de las tropelías. Por eso, la soberanía de los estados no es absoluta sino es un conjunto de atributos que pueden dejarse de lado cuando los derechos humanos esenciales son conculcados[2].
A propósito de la situación deleznable de prácticamente la totalidad de sus instituciones conviene decir que la tipología establecida para esta clase de contextos es la de estado fallido o estado de facto debido a la presencia de sistemas políticos que formalmente podrían conformar un estado pero que, en la praxis, no consiguen desarrollar estándares de normalidad sobre sus funciones principales como arrogarse el monopolio de la fuerza y la seguridad, en condiciones de conflicto interno con mínimas treguas y con la tendencia a utilizar la violencia estatal para el cumplimento de sus decisiones.
No cabe duda que el polvorín propicio para el incendio de la pradera haitiana es la atroz realidad del país. Haití se ubica en el puesto 157 en el ranking de desarrollo humano elaborado por la ONU debido a la pobreza extrema que sufre el 70% de su población (calculada en 8.5 millones de habitantes). Su crecimiento demográfico es descontrolado y una crisis alimentaria se avecina. Su índice de analfabetismo es elevado. La falta de acceso a la salud, además de la presencia devastadora del SIDA y otras enfermedades infecciosas, sin hacer hincapié en sus altos niveles de deforestación, colocan al país en la lista de los más flagelados por la miseria. A pesar de estas duras circunstancias, la que más preocupación ha generado tanto para las atemorizadas autoridades locales como para los encargados de aliviar desde afuera estas calamidades es la violencia instalada en la vida cotidiana de los haitianos.
La corrupción de la policía haitiana, su insuficiente equipamiento, los grados de politización existentes y las ejecuciones extrajudiciales han socavado moralmente, quizá, la única institución local que podría frenar el avance de la delincuencia callejera. Única porque sus fuerzas armadas se encuentran mermadas desde que se inició su proceso de disolución resuelto por el ex presidente Aristide para evitar posibles conspiraciones dirigidas a concretar golpes de estado. 5.482 soldados de las fuerzas armadas fueron desmovilizados desde 1995, soldados que luego de ser dados de baja nunca entregaron sus armas[3], lo que significó un incremento de la violencia organizada. Las disputas entre las elites políticas y económicas del país han atizado las tensiones sociales por lo que en Haití, a través de un marco legal permisivo[4], se han dispersado más de 170.000 armas personales en manos de civiles.
Secuestros, narcotráfico, asesinatos políticos, robos y tráfico de armas son las manifestaciones más elocuentes de la hostilidad con que se vive a diario a pesar de los esfuerzos que las misiones multilaterales han llevado a cabo para la construcción del estado e imposición de la paz. Lamentablemente, estas intervenciones no siempre conllevan la garantía de que sea posible la gestión política[5], asumiendo a su vez que las enormes carencias económicas[6] dificultan todo proceso de reforma necesario para proveer un orden político.
Recientemente, un estudio sobre las razones del conflicto interminable que remueve las esperanzas de tranquilidad de la sociedad haitiana realizado por Gastón Ain Bilbao[7], ex asesor político de la Misión de la OEA para reforzar la democracia en Haití, señala dos elementos que aportan a las explicaciones de la tensión registrada allí hasta la fecha. El primero tiene que ver con el legado colonial (Haití estuvo bajo el dominio colonial francés) y las características que éste todavía imprime en la actualidad: la tradición autoritaria muy arraigada en la política haitiana que ha logrado segmentar a la sociedad y, proveniente de ésta, la conformación de estructuras verticales para impedir –por miedo a la libre interacción de los agentes económicos la dispersión de la riqueza. El autor explica que era necesario, aún a pesar de la abolición de la esclavitud, que los dueños de tierras productoras de azúcar, café y tabaco mantuvieran un régimen de hierro sobre los esclavos para preservar un sistema de subsistencia personal sin que interfirieran los intereses exportadores del Estado. Aquí se esclarece la consolidación de las elites económicas, formadas por clanes familiares, que monopolizan el insuficiente comercio de materias primas y ciertas manufacturas.
El segundo tiene que ver con descubrir quiénes son los beneficiados con el statu quo reinante en Haití durante décadas. Ain Bilbao compara con sapiencia la realidad haitiana, y concretamente su Estado, con la fisonomía y modus operandi de los estados postcoloniales africanos: semejanzas en la separación ilusoria de los poderes con subordinación del legislativo y el judicial al ejecutivo, rasgos unipersonales del poder, clientelismo, enriquecimiento de las elites a través de la estructura del estado y una presencia fuerte y preponderante de las fuerzas armadas. Señales todavía no muy lejanas de lo que significó la configuración latinoamericana en tiempos de dictaduras de derecha e izquierda. Dada esta descripción, los principales interesados en mantener este medio de ingobernabilidad son aquellos quienes ajenos a todo orden jurídico requieren de la impunidad para continuar con sus prácticas ilícitas, volviéndose el estado ineficiente porque nunca será de interés de estos grupos de poder, sobre todo económico y respaldados por organizaciones paramilitares, la consolidación de un aparato estatal[8]. Como bien lo sintetiza el autor, la utilidad del estado es mayor cuando éste está menos institucionalizado.
La supervivencia en Haití depende de lo que se puede salvar de los escombros cuando la resaca de la guerra interna y las catástrofes naturales arremeten contra sus habitantes. La existencia se ha convertido en un persistente operativo militar. Hace más de doscientos años los haitianos ganaron una lucha de independencia –como próximamente lo irá celebrando Latinoamérica–. Hoy, esa porción de tierra caribeña está atada a la dependencia de la caridad internacional. Que esta crisis sirva a los haitianos para emerger de la tragedia, porque es en ausencia de los derechos que garantiza un estado democrático cuando sale a la luz la importancia de la institucionalidad para la paz y el bienestar de todos quienes ansían, en algún momento de sus vidas, innegociable libertad.
Arequipa, 28 de mayo de 2009.
[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International ubica a Haití en el número 177 sobre 179 países.
[2] Ain Bilbao, Gastón. Intervención Internacional. Haití: receta repetida, fracaso anticipado. Revista de Relaciones Internacionales. Pág. 10-11, núm. 10, febrero de 2009, GERI – UAM.
[3] Muggar, R. Securing Haiti’s Transition, en Occasional Papers, Small Arms Survey, número 14, Graduate Institute of International Studies, Ginebra, 2005, op.cit.,p.14.
[4] La tenencia de armas en Haití está prevista en su Constitución, previo registro de las mismas en un catastro que posee la policía nacional. A finales de 2006 había 17.000 armas registradas.
[5] Vilanova i Trías, Pere. ¿Estados de facto versus fallidos o frágiles? Revista de Estudios Internacionales, núm.10, febrero de 2009, GERI – UAM.
[6] Haití es un país que sólo recauda un tercio de lo que gasta.
[7] Ain Bilbao, Gastón. Intervención Internacional. Haití: receta repetida, fracaso anticipado. Revista de Relaciones Internacionales. núm. 10, febrero de 2009, GERI – UAM.
[8] Ibídem, p. 23.
